Madrid cierra doce centros escolares mientras financia a colegios del Opus

Hasta doce colegios de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Esa es la cantidad de centros escolares que la consejera de Educación de Madrid, Lucía Figar, pretende cerrar el próximo curso en la Comunidad bajo el eufemismo de una "reorganización de centros" cuyo objetivo es, según fuentes de su departamento, "adecuar la capacidad de los centros a las necesidades de escolarización y demanda de los mismos".  Sin embargo, la comunidad educativa asegura que no se avalan con datos las próximas fusiones entre colegios, que con ellas no se respeta la proclamada "libertad de elección" de los padres y hasta apuntan a una posible privatización encubierta. Además, la "reorganización" de la Comunidad que preside Ignacio González afecta sólo a escuelas públicas, mientras se sigue dedicando financiación a centros concertados que segregan por sexo y que, en buena parte, son gestionados por el Opus Dei [ver gráfico inferior sobre este tema, de FETE-UGT Madrid.

La hemeroteca ya anunciaba esta decisión, desde que Figar participó, en agosto de 2011, en un acto de la católica Comunicación y Liberación (cielinos) en el que presumía de la reforma educativa que su Comunidad estaba llevando a cabo. En ella explicaba cómo el Gobierno regional había cedido terrenos públicos a organizaciones religiosas para que crearan y gestionaran escuelas financiadas con fondos públicos. "En los últimos seis años se han construido 79 centros, de los que el 52% son escuelas públicas, 33% concertados y un 15% privados. De entre las dos últimas categorías, más de dos tercios ofrecen educación católica y, de ellos, dos están en manos de Comunicación y Liberación", detallaba la consejera en aquel entonces. "Yo espero que estos dos centros puedan ser más en un futuro", aventuró en dicho evento [ver vídeo, aquí]. 

En esta conferencia, Figar aseguró que dicha reforma se trataba de una estrategia para proteger, justamente, la libertad de elección de centro de los padres y madres de alumnos, pero tanto las AMPAS afectadas como las federaciones educativas denuncian que esta "fusión de centros" vulnera por completo ese derecho. La Consejería, sin embargo, se escuda en que dicha medida es "habitual todos los años" y la justifica con la falta o exceso de demanda de plazas y asegurando que, "en el curso actual entrarán en funcionamiento 23 nuevos centros públicos que incrementarán la oferta" y cuya inversión alcanza "53,3 millones de euros".